Dos hombres condenados a 8 años por tráfico de drogas y lavado de activos
Tribunal de San Pedro de Macorís condenó a dos hombres por tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas.
El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 8 años de prisión a Kelvin Agustín Mejía Herrera y José Luis Sánchez Vélez, acusados de tráfico internacional de sustancias controladas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.
Según la Procuraduría General de la República, ambos deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y pagar una multa de 250 salarios mínimos del sector público.
Los condenados fueron procesados junto a Elvin Daniel Lawrence Gómez, tras una operación realizada el 29 de junio de 2022, en la que el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), interceptó una camioneta Toyota Hilux SRT en la Autovía del Este.
Durante el operativo, próximo a una estación de combustibles, las autoridades encontraron en la camioneta diez sacos que contenían 237 paquetes de cocaína clorhidratada, con un peso total de 246.76 kilogramos.
El tribunal determinó que los acusados violaron varios artículos de leyes relacionadas con drogas, lavado de activos y control de armas, incluyendo los artículos 4-D, 5-A, 58, 59, 60, 75-II y 85 de la Ley núm. 50-88, así como los artículos 3 y 9 de la Ley núm. 155-17.
En el caso de Lawrence Gómez, el tribunal lo declaró culpable de portación ilegal de arma de fuego, imponiéndole cinco años de reclusión mayor y una multa de 50 salarios mínimos. No obstante, fue descargado de la imputación relativa al tráfico internacional de sustancias controladas.
La sentencia también ordenó la destrucción de los 246.76 kilogramos de cocaína encontrados, así como el decomiso de diversos bienes muebles e inmuebles, vehículos, armas de fuego, sumas de dinero y productos bancarios vinculados al proceso.
La acusación fue presentada por fiscales de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, quienes presentaron pruebas testimonial, documental y material durante el juicio.
