Policía no recibe presuntos delincuentes, denuncian falta de atención

N Investiga realizó un trabajo periodístico sobre las muertes ocurridas durante operativos policiales en República Dominicana, las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y los obstáculos que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, enfrentan algunas personas para entregarse voluntariamente a la justicia.

A través de testimonios de familiares, entrevistas a juristas, imágenes de cámaras de seguridad y cifras históricas, la investigación examina los casos de Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias Lucifer, y Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, que han generado cuestionamientos sobre los procedimientos policiales y las garantías de las personas requeridas por las autoridades.

El trabajo plantea la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento y determinar posibles responsabilidades, bajo el principio de que la persecución del delito debe realizarse dentro del marco legal y con respeto al derecho a la vida.

Yudith Estévez, hermana de Lucifer, expresó a N Investiga el dolor que le ha dejado la muerte de su familiar, un caso que se suma a los cuestionamientos sobre las actuaciones policiales y las circunstancias en las que pierden la vida personas señaladas por la comisión de delitos.

«Porque nadie quiere que un hijo o un hermano le salga así. Yo no quisiera, pero tampoco yo no quería que él cayera así», manifestó.

Más allá de este caso, las denuncias abarcan las cifras históricas de muertes durante operativos policiales, las declaraciones de antiguos responsables de la institución y el manejo de las evidencias en las escenas.

Las cifras de las muertes policiales a través de los años

En República Dominicana, el término «intercambio de disparos» se ha utilizado históricamente en los informes policiales para describir enfrentamientos en los que mueren personas señaladas por hechos delictivos. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y cuestionado el uso de la fuerza letal en determinadas intervenciones.

Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana, cuestiona la frecuencia de estos hechos y la forma en que las autoridades justifican algunas de las muertes.

«Las muertes extrajudiciales, muertes de intercambio de disparos y ahora que le llaman acciones legales. Yo no sé qué legal es eso, porque a lo largo de 30 años la Policía Nacional ha asesinado alrededor de 7,266 personas», afirmó.

Los registros históricos citados en el material de esta investigación atribuyen aproximadamente 1,200 fallecimientos a actuaciones policiales durante la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre 2008 y 2010, período correspondiente al gobierno de Leonel Fernández.

Otro de los referentes de la política de mano dura contra la delincuencia fue el mayor general Pedro de Jesús Candelier, quien dirigió la Policía Nacional durante el gobierno de Hipólito Mejía y el último año del primer mandato de Fernández.

En una entrevista, al ser preguntado sobre si pediría a un delincuente que eligiera la vía para entregarse, Candelier respondió: «No hay que pedirle favores ni hay que decirle nada. Tú, con la inteligencia, lo buscas y lo sometes al orden, a cumplir la ley. Ahora, si te enfrentó, llévatelo».

Los registros citados sitúan en aproximadamente 819 los fallecidos durante su gestión, entre 1999 y 2001. Posteriormente, durante la jefatura de Jaime Marte Martínez, entre 2002 y 2004, se contabilizaron alrededor de 760 muertes. En tanto, durante la gestión de José Aníbal Sanz Jiminián, entre 1997 y 1998, se reportaron aproximadamente 604 fallecidos.

Al desglosar los datos por períodos presidenciales, los registros citados sitúan en 1,214 las muertes durante el primer gobierno de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000; en 1,060 durante la administración de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004; y en 2,810 durante los gobiernos de Fernández entre 2004 y 2012.

Durante los ocho años de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, se reportaron 1,092 fallecidos. En la administración de Luis Abinader, el material recoge 77 muertes en 2021, 227 en 2024 y 190 en 2025.

«En los períodos de Leonel Fernández aquí mataron alrededor de 4,034 personas. Entonces, es una política para, entre comillas, quitar del medio a esos jóvenes supuestamente delincuentes», agregó Mercedes.

Las cifras citadas requieren ser contrastadas con sus fuentes originales, los períodos exactos y las categorías utilizadas para clasificar las muertes. No obstante, las denuncias mantienen abierto el debate sobre los métodos empleados para combatir la delincuencia y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales.

Las declaraciones del exdirector policial y las nuevas interrogantes

En agosto, el entonces director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, pronunció unas declaraciones sobre la integridad en el servicio público que generaron diversas interpretaciones.

«No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público», expresó.

Aunque algunos sectores interpretaron sus palabras como una referencia a la lucha contra la corrupción, el abogado Carlos Balcácer considera que el mensaje podría estar relacionado con otras actuaciones que, a su juicio, merecen ser investigadas.

«Parece que se le propuso al pasado director de la Policía, a Cruz, que eso era lo que venía. Y él dijo: “No, conmigo no pueden contar con eso”. Por eso, se despide de la Policía y le dice: “Cuidado, ¿eh? No manchen sus uniformes, cuiden sus uniformes”. Porque él veía ya lo que venía. Eso está ahí», sostuvo Balcácer.

Esta interpretación del abogado no confirma por sí sola que existiera una propuesta para realizar actuaciones ilegales. Sin embargo, sus declaraciones se producen en medio de nuevos cuestionamientos sobre las muertes registradas durante operativos policiales.

Según las cifras recopiladas para esta investigación, durante los primeros dos meses de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García se habrían registrado cerca de 100 muertes vinculadas a actuaciones policiales: 55 durante septiembre y aproximadamente 45 en lo que va de octubre.