Congreso tiene tres días para aprobar extensión del Código Penal

El Congreso Nacional tiene hasta el próximo miércoles 4 de noviembre para darle salida al proyecto de ley que extiende por dos años el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas, el cual fue sancionado de urgencia por el Senado hace casi dos semanas y que llegó a la Cámara de Diputados el pasado sábado.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó al primer poder del Estado completar la aprobación del pliego de ley ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la aplicación de las disposiciones de la norma.

La propuesta legislativa modifica el artículo 31 del nuevo Código Penal para prorrogar hasta el 5 de noviembre de 2028 la entrada en vigencia a las empresas. La pieza fue sometida al Congreso por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia), refrendada en dos sesiones consecutivas por la Cámara Alta el pasado 21 octubre y, al día siguiente, enviada a Auditoría Legislativa, según consta en el Sistema de Información Legislativa (SIL) senatorial.

Sin embargo, la legislación llegó a la Cámara Baja este 31 octubre -de acuerdo al SIL de los diputados-, un día después de que elCaribe publicara la noticia: “La responsabilidad penal de empresas a punto entrar en vigor”, la cual destaca que el proyecto de ley aún no había llegado al ala congresual. La información también pondera que, “en seis días, cumplidos el próximo 5 de noviembre, entrarían en vigencia en todo el país los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal, que tratan sobre el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas).”

El Conep pide al órgano bicameral aprobar pieza antes del jueves. En sendas comunicaciones enviadas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, el Conep valoró la declaratoria de urgencia y posterior aprobación de los senadores del proyecto de ley.

De acuerdo al comunicado remitido a este medio, el gremio empresarial destacó que la iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de otorgar a las empresas y organizaciones un plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales.

No obstante, el Conep alertó que, “ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones, consideramos de especial importancia que el proyecto continúe su curso legislativo con la celeridad que amerita (…), a fin de que pueda completarse el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de dicha fecha.”

El consejo empresarial dejó establecido que la ampliación del plazo resulta fundamental para que las empresas y organizaciones puedan implementar adecuadamente programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas necesarias para responder a las nuevas obligaciones legales.

Refiere, además, que la aprobación de la iniciativa, impulsada por el senador Duluc Rijo, permitirá avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme y previsible de estas disposiciones.

En ese sentido, considera que la entrada en vigencia del nuevo régimen debe producirse en condiciones que favorezcan su adecuada implementación, con criterios claros de imputación y estándares objetivos para la valoración de los programas de cumplimiento.

Prorrogaría vigencia de cuatro artículos del CP. El pliego de ley, pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, del 27 de julio de 2026, que, a la vez, modifica varias disposiciones de la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, núm. 74-25, del 3 de agosto de 2025.

En términos más sencillos, la legislación propone que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal se apliquen dos años después del 5 de noviembre de 2026, o sea, el 5 de noviembre de 2028, para así facilitar la implementación ordenada del marco penal y la adecuada preparación de sus destinatarios y de las instituciones del sistema de justicia.

La Cámara de Diputados convocó sesión para este martes 3 de noviembre, en San Cristóbal. Si el Pleno sanciona la pieza sin cambios y en dos sesiones consecutivas, sería ley y pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.